En un incidente que ha generado preocupación tanto en Paraguay como en Brasil, cuatro efectivos de la Policía Nacional del Paraguay fueron detenidos recientemente acusados de extorsionar a ciudadanos brasileños en la región fronteriza con el estado de Paraná. Estos hechos ocurrieron en Ciudad del Este, una de las principales ciudades de la frontera trinacional entre Paraguay, Brasil y Argentina, un área conocida por el tráfico de personas, bienes y, desafortunadamente, también por acusaciones de corrupción en algunos cuerpos de seguridad.
Según las autoridades paraguayas, los agentes interceptaron un vehículo con dos ciudadanos brasileños y una acompañante paraguaya sobre la ruta PY06. Bajo el pretexto de supuestas irregularidades migratorias o de transporte, exigieron a las víctimas un pago de 10 000 dólares estadounidenses para permitir su liberación sin que enfrentaran cargos ni detenciones formales. Esta suma fue solicitada como rescate para evitar la detención y actos judiciales posteriores.
El caso provocó alarma entre los visitantes y residentes de la zona, ya que el presunto pago de dinero por parte de policías en procedimientos de control es ilegal y contraviene las normas vigentes tanto en Paraguay como a nivel internacional. En este sentido, organismos de seguridad y atención al visitante han recordado que ninguna autoridad está autorizada a cobrar multas o exigir dinero en efectivo durante un control, y han instado a denunciar cualquier irregularidad que se presente durante procedimientos oficiales.
Durante el operativo, los policías escoltaron a las víctimas hasta un hotel céntrico donde supuestamente iba a efectuarse la entrega del dinero exigido. En ese lugar, uno de los brasileños logró alertar al personal del establecimiento, que contactó a las autoridades locales. Efectivos de la Comisaría Primera acudieron y detuvieron a dos de los sospechosos dentro del hotel, mientras que los otros dos fueron arrestados poco después en las cercanías. Todos quedaron bajo custodia de la Fiscalía para responder por los cargos presentados.
Las imputaciones en contra de los policías incluyen extorsión, coacción agravada y privación ilegítima de la libertad, delitos graves que podrían acarrear penas significativas si son confirmados en juicio. La fiscal responsable del caso ha solicitado la prisión preventiva de los cuatro agentes, basándose en las evidencias recabadas y el relato de las víctimas, que también mencionaron que les habrían plantado drogas en el vehículo como parte de la maniobra para justificar la exigencia de dinero.
Este suceso no solo pone de relieve la corrupción dentro de cuerpos de seguridad en zonas de frontera, sino que también despierta la atención sobre los riesgos que pueden enfrentar los turistas y viajeros en puntos de paso internacionales. La Triple Frontera, que abarca áreas de Paraguay, Brasil y Argentina, ha sido históricamente un escenario de intensa interacción comercial y cultural, pero también de retos complejos en materia de seguridad y control migratorio.
Las autoridades paraguayas han señalado que investigarán no solo el acto específico de extorsión, sino también si existía una red más amplia de corrupción y abuso de autoridad vinculada a estos agentes o a la unidad policial de la que formaban parte. Mientras tanto, la recomendación para cualquier visitante en la región es reportar cualquier conducta irregular de funcionarios ante instancias oficiales y evitar entregas de dinero fuera de los canales legales.
Este caso sirve como recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas de seguridad y de promover relaciones de cooperación entre países vecinos para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y visitantes, así como la integridad de los procedimientos de control fronterizo en toda la región.
Autor: Janice Wagner
